15.2. La dictadura franquista [hasta el gobierno que se nombra el 29 de octubre de 1969]

La consolidación del régimen. Las transformaciones económicas: de la autarquía al desarrollismo. Los cambios sociales

El régimen franquista se caracteriza por una gran capacidad de adaptación a los cambios internos y externos producidos a lo largo de sus cuarenta años de existencia (desde la guerra civil hasta 1975). Aun así, mantiene algunos aspectos esenciales: totalitarismo, falta de cambios políticos y represión frente a los movimientos de oposición.

En el terreno político, a finales de los años 50 se produce un punto de inflexión fundamental, que tendrá importantes consecuencias en el plano económico y social, y supondrá la consolidación del régimen. Hasta ese momento la política se había caracterizado por el predominio de la ideología fascista, aunque después del fin de la II Guerra mundial (años 40) ésta se disimula, se desplaza a algunos de los personajes (Serrano Súñer) y familias políticas (Falange) más ultraderechistas y se subraya el carácter nacionalista, católico y anticomunista del régimen. Esto lleva a comienzos de los años 50 a favorecer a nuevas familias políticas (los “propagandistas” de la ACNP) y nuevos políticos (Martín Artajo, Carrero Blanco, Ruiz Giménez), que entran en el gobierno. Paralelamente se produce el fin del aislamiento internacional con la entrada en la ONU y sus organismos (FAO y UNESCO), el Concordato con la Santa Sede y los Pactos de Madrid con EEUU. El cambio importante, sin embargo, se produce a finales de los años 50.

Aconsejado por Carrero Blanco, en 1957 Franco introduce en el gobierno a los llamados tecnócratas, en su mayoría miembros del Opus dei: Navarro Rubio, Ullastres y López Rodó. Éstos eran muy conservadores en lo político y social pero liberales en lo económico. Eran, pues, partidarios de una política autoritaria, tradicionalista y nacionalista, pero defendían una economía menos subordinada a la política (más desligada del estado), es decir, de mercado, y vinculada con el contexto europeo e internacional, entonces en proceso de expansión tras la debacle de la II Guerra mundial. Los objetivos eran consolidar el régimen de Franco, favorecer la recuperación del país y participar en los mercados internacionales para favorecer el desarrollo empresarial capitalista.

Este cambio político exigió adaptar el marco legislativo. Para ello, en esta etapa central del franquismo se promulgan las siguientes leyes: el Decreto-Ley de Nueva Ordenación Económica o “plan de estabilización” de 1959, que pone en marcha la política económica de los tecnócratas; la Ley del Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado (1957), que reforma la administración y separa ligeramente la actividad del gobierno de la del estado, aunque Franco sigue siendo jefe de ambos; la Ley de Principios del Movimiento (1958), que confirma como fundamento del estado los ideales del Movimiento Nacional o partido único (cuyos pilares son la familia, el municipio y el sindicato y el tipo de estado es una monarquía); la Ley de Convenios Colectivos (1958), que adapta la legislación al nuevo marco productivo (industrial); la Ley de Prensa (1966), que reduce la censura y permite la aparición de nuevos medios de comunicación y editoriales (siempre controladas, aun así); la Ley de Libertad Religiosa (1967), que rompe el monopolio del catolicismo, aunque éste sigue gozando de todos los privilegios; la Ley Orgánica del Movimiento y del Consejo Nacional, que desplaza a Falange y cierra toda posibilidad de democratización; la Ley Orgánica del Estado (1966), que es presentada como constitución (de cara a los regímenes democráticos liberales) y abre las Cortes a representantes del Tercio Familiar, manteniendo, aun así, su carácter consultivo y a Franco como fuente única de soberanía. Además, en 1969 se proclama a Juan Carlos de Borbón como heredero al trono de la “monarquía del 18 de julio”, jurando fidelidad a Franco y a las Leyes fundamentales del Movimiento.

En el plano económico las transformaciones a las que conduce principalmente el cambio de gobierno de 1957 son fundamentales. Globalmente se puede decir que se pasa de la autarquía al desarrollismo. En 1939, España era un país arruinado, tanto demográfica como económicamente (red destrozada de transportes, comercio y producción), y el hambre y la extrema necesidad eran la realidad cotidiana de una gran parte de la población. La solución que dio el régimen franquista, obligado también por el aislamiento internacional, se inspira en el modelo de la Italia mussoliniana y la Alemania de Hitler: la autarquía. Ésta era una política económica basada en un nacionalismo radical, la búsqueda de la autosuficiencia económica (independencia del exterior) y la intervención del estado. Se lleva a cabo principalmente a lo largo de los años 40 con la Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional y la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional, y especialmente con la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941. Éste, siguiendo el modelo italiano, recibía las inversiones del estado y las canalizaba hacia los sectores que se consideraban estratégicos (normalmente de acuerdo a intereses personales e ideológicos), sobre todo en el plano militar: naval, siderúrgico, ferroviario, aeronáutico y automovilístico (camiones). Por otro lado, se estableció un rígido control del comercio exterior. Además, el Estado fijó los precios agrícolas y obligó a los campesinos a entregar los excedentes de sus cosechas al Servicio Nacional del Trigo (destinado a gestionar el abastecimiento a la población). A pesar de la propaganda, éstos apenas recibieron ayudas y no se llevó a cabo ninguna reforma agraria; se devolvieron las tierras colectivizadas a sus anteriores propietarios y algunos campesinos fueron distribuidos por las tierras y pueblos de nueva colonización (gestionadas por el Instituto Nacional de Colonización). Por otro lado, entre los 40 y 60 se pusieron en marcha numerosos planes para la creación de infraestructuras (canales, viviendas, pantanos, red eléctrica, ferrocarriles), en los que fueron empleados sistemáticamente presos políticos y comunes como mano de obra forzada o barata, los llamados esclavos de Franco (como en el caso del canal del Guadalquivir o el ferrocarril Madrid-Burgos y Santander-Mediterráneo).

El balance de la autarquía fue una tremenda regresión: hundimiento de la producción agrícola e industrial, concentración de la población en el sector primario, enorme inflación, racionamiento del suministro de alimentos y de diversos productos (en función de su categoría social), pobreza general y aumento de las enfermedades y la mortalidad (especialmente infantil). La situación económica dio pie al mercado negro, el estraperlo y la corrupción generalizada (licencias de importación y exportación, suministros al Estado…), que se apoderaron de la economía del país.

Este fracaso y la coyuntura internacional llevaron a que desde los inicios de los años 50 se produjera un giro en la política económica. Al hilo de la introducción de ministros reformistas y personalidades de la ACNP, se aplicó una liberalización parcial de precios y del comercio de mercancías. En 1952 se puso fin al racionamiento de alimentos. Estas medidas trajeron una cierta expansión económica. En 1954 se superó la renta por habitante de 1935. Por otro lado, la Guerra fría y el consiguiente cambio en la política internacional norteamericana propiciaron que desde 1951 comenzara a llegar ayuda económica norteamericana. Aunque inferior a la recibida por los países beneficiarios del Plan Marshall,  esta ayuda permitió importaciones de bienes de equipo (máquinas) imprescindibles para el desarrollo industrial y créditos. El incipiente desarrollo trajo, sin embargo, una fuerte inflación que propició un fuerte malestar social. La necesidad de reformas estructurales en la economía era evidente. Entonces, Franco permitió la entrada en el gobierno en 1957 de los tecnócratas del Opus Dei (Navarro Rubio, Ullastres y López Rodó), que va a suponer una cierta liberalización y el llamado desarrollismo.

La nueva política económica se desarrolla a partir de dos conjuntos de medidas: el Decreto-Ley de Nueva Ordenación Económica (o plan de estabilización) de 1959 y los planes de desarrollo de la Comisaría del Plan de Desarrollo, dirigida por López Rodó, desde 1962. Con ellos se pretende aprovechar el ciclo expansivo capitalista del momento. El primero fue ayudado por créditos de la OECE y el FMI, y buscaba equilibrar la balanza de pagos a través de reformas de carácter monetario-fiscales (control de gasto público, principalmente) y de medidas comerciales (devaluación de la peseta y cierta liberalización del comercio y la inversión extranjera); esto trajo una contención de la inflación, un equilibrio en la balanza de pagos y un aumento de las exportaciones, pero perjudicó a la población (paro, cierre de empresas, aumento de impuestos, congelación de salarios, emigración…). Los segundos querían aprovechar las oportunidades abiertas por el plan de estabilización y se dedicaron a planificar el sector público y orientar el privado a través de tres planes de desarrollo (1964-1967/8, 1968-1971, 1972-1975).

La política económica de los tecnócratas permitió una expansión sobresaliente, que fue aprovechada por el régimen para proclamar su éxito y legitimarse: en 1964 se celebran, propagandísticamente, los 25 años de “paz”. En efecto, entre 1960 y 1975 se triplica la renta nacional, el PIB aumenta a un ritmo del 7% anual y la renta per cápita se duplica, a lo que hay que añadir la transformación radical de la economía española, que pasa de ser principalmente agraria a industrial (40% de la población activa dedicada al sector primario en 1960 al 21% en 1975, 33% del sector secundario al 38% y 24% del sector terciario al 40% en las mismas fechas). Los tres elementos fundamentales de esta expansión fueron la inversión extranjera (en industria), el turismo (en 1974 se reciben cerca de 34 millones de turistas) y la emigración (2 millones entre 1950 y 1975). España, además, firmará un acuerdo de preferencia con la CEE en 1970 que le abre las puertas a su integración en Europa.

Este proceso de expansión, sin embrago, no estuvo exento de  importantes desigualdades. Por un lado, en el plano regional: la inversión (sobre todo en las industrias automovilística, siderúrgica y química) se dirigió principalmente a las zonas más seguras y rentables (País Vasco, Valencia, Madrid y Cataluña), a menudo sirviendo a grupos con influencia política y favoreciendo la especulación y la corrupción; lo mismo ocurrió con las inversiones en infraestructuras de transporte, como las carreteras y los ferrocarriles, y con la comercialización de productos y la creación de empleo. Por otro lado, en el reparto de la riqueza, que supuso el aumento de poblaciones empobrecidas, sobre todo en las periferias de las grandes ciudades. Tampoco hay que perder de vista el marco totalitario y represivo en el que se realiza (persecución política, ejecución de Julián Grimau en 1963, reacción ante el “contubernio de Munich”, etc.).

Como consecuencia de estos cambios económicos, la España franquista vive importantes transformaciones en el ámbito de la sociedad (incluidas las mentalidades). Básicamente, se pasaba de una España rural a otra urbana e industrializada, que incluía el aumento del consumismo, la incorporación de la mujer al mercado laboral, el aumento de los estudiantes universitarios y la apertura de las miras y expectativas sociales y culturales de determinados sectores.

Demográficamente, se produjo un incremento de la natalidad y se redujo la mortalidad, aumentando notablemente la población (en tres millones y medio de personas); ésta fue la versión española del “baby boom” en otras partes del mundo. Esto, unido al desigual reparto de la riqueza, condujo, a su vez, a que se creara un excedente enorme de población, que se vio obligada a retomar el camino de la migración (del campo a la ciudad y fuera de España) que se llevaba produciendo en el país desde finales del siglo XIX. Los emigrantes del interior (entre 4 y 5 mill.) parten de Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Aragón y Galicia hacia el País Vasco, Cataluña, Valencia y Madrid, y los del exterior (2 mill.) se dirigen a Europa (Alemania, Francia, Suiza, Bélgica) y América latina. Esta emigración quiso ser controlada por el estado con la creación del Instituto Nacional de Emigración (1957) y la Ley de Ordenación del Emigrante (1962). En el extranjero muchos tomaron contacto con exiliados españoles o movimientos políticos ajenos al franquismo, de modo que parte de este colectivo se convirtió en un puntal antifranquista e izquierdista. La migración interior produjo un desarrollo urbanístico sin precedentes (el 65% de la población se desplaza a las ciudades). Este desarrollo abrió las puertas a la especulación y apenas fue planificado; de ahí la falta de infraestructuras y servicios en numerosos barrios obreros y dormitorios del extrarradio, caldo de cultivo de movimientos de oposición, proyectos autogestionarios y, por desgracia, negocios y consumos de drogas en años posteriores.

El cambio general que se produce en la estructura de la sociedad es la ampliación de las clases medias y la diversificación de los grupos sociales: reducción de los grupos de jornaleros (6,3% de la población activa en 1963, mayoritariamente emigrante), aumento notable de los obreros de la industria y los servicios (40% de la población activa en 1975), aumento y diversificación de las clases medias (profesionales liberales, funcionarios, asalariados especializados), consolidación de las clases altas (grandes propietarios agrícolas, cuerpos de élite de la administración y el ejército, burguesía industrial, aristocracia financiera).

El crecimiento de las ciudades supuso una España más abierta, libre y plural frente a la rural de los caciques, pequeños propietarios y jornaleros. La escolarización aumentó y la formación (pública y privada) mejoró con nuevos profesionales; la Ley General de Educación (1970) extendía la escolarización obligatoria hasta los 14 años, adecuaba la formación a la realidad del mercado laboral y pretendía resolver los problemas universitarios. Se aprecian tendencias secularizadoras, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, que abogan por una renovación y acercamiento al mundo moderno frente al tradicionalismo del ultra catolicismo. Surge, asimismo, una sociedad consumista, basada en la compra y uso de numerosos artefactos industriales (electrodomésticos, televisión, automóviles).

Todas estas transformaciones (que incluyen nuevas prácticas -incluido el turismo y la movilidad espacial-, nuevas expectativas y nuevos referente) conducen a la formación de una realidad que choca con el régimen y que constituirá una parte importante de los factores que decidieron su fin.

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Clase 18

Bloque 2

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