12.4. El Sexenio democrático (1868-1874) Intentos democratizadores. La revolución, el reinado de Amadeo I y la Primera República

El Sexenio democrático (o revolucionario) es una compleja etapa de seis años entre 1868 y 1874 en la que distintas fuerzas políticas consiguen llevar a cabo medidas democráticas planteadas a lo largo del reinado de Isabel II (a raíz de los estallidos de 1848 y 1854) y frenadas por el predominio de los moderados y las clases altas: sufragio universal masculino directo, pleno reconocimiento de  libertades individuales (expresión, religión), colectivas (reunión y asociación) y de los distintos territorios (autogobierno limitado), separación Iglesia y estado, educación gratuita, abolición parcial de la esclavitud y de la pena de muerte, y regulación legislativa de las relaciones laborales. Sin embargo, una vez más, predominan ciertos sectores que van a frenar otras reclamaciones: la burguesía alta y media, con la colaboración del ejército, una vez tomado el poder con La Gloriosa, bloquea las demandas tanto de los grupos más conservadores (Iglesia y clases aforadas) como de los radicales (ciertas clases medias y clases trabajadoras, tanto urbanas como rurales). Por ello, es un periodo muy convulso, en el que se producen numerosos cambios de gobierno y de régimen: de una revolución (1868-1869), una regencia (1869-1870) y una monarquía parlamentaria (1870-1873) a una república (1873) y una dictadura (1874).

El sexenio comienza, en efecto, con la revolución de 1868 (La Gloriosa o Septembrina), que pone fin al reinado de Isabel II. Esta revolución estalla por causas económicas (crisis financiera, industrial y agraria desde 1864), morales (desprestigio monarquía por la corrupción, favoritismos, arbitrariedades) y políticas (autoritarismo gobiernos moderados, muerte de O’Donnell y Narváez, últimos apoyos a Isabel II, y aspiraciones demócratas). Tiene su antecedente fundamental en el Pacto de Ostende de agosto de 1866 entre progresistas y demócratas, y estalla con el pronunciamiento de Prim y Topete, llegados del exilio de Inglaterra y Canarias, en Cádiz el 18 de septiembre de 1868. Al frente de las tropas se coloca el general Serrano y otros militantes de la Unión Liberal, con unos sencillos objetivos resumidos en el manifiesto “España con honra”: sustitución de Isabel II, formación de un gobierno provisional, orden público y régimen de libertades. A este pronunciamiento se añade una insurrección popular que reclama llevar más allá estas demandas (soberanía nacional, sufragio universal, eliminación de consumos, quintas y matrículas de mar, Cortes unicamerales, libertad de asociación y cultos, jurados populares…); se forman en consecuencia juntas locales y grupos de milicianos conocidos como voluntarios de la libertad.

Una vez son derrotadas las tropas de Isabel II (en la batalla del Puente de Alcolea, en Córdoba) y ésta marcha al exilio en Francia a finales de mes, se forma un gobierno provisional presidido por Serrano en el que participan progresistas (Prim, Sagasta, Figuerola y Ruiz Zorrilla) y unionistas (Topete). Este gobierno enfrenta tres grandes asuntos. Por un lado, desarticula las juntas y las milicias populares a cambio de ciertas concesiones (sufragio universal para hombres mayores de 25 años, descentralización de los ayuntamientos, libertad de asociación, enseñanza e imprenta, y supresión de algunos consumos). Por otro lado, afronta el inicio de la Guerra de los Diez Años (o guerra grande) en Cuba, donde en octubre se desata una rebelión independentista con el “grito de Yara”, integrada por propietarios pequeños y medianos y liderada por Céspedes, que durará hasta 1878 y conllevará el mantenimiento de las quintas y el sacrificio de importantes recursos. Finalmente, se propone la redacción y aprobación de una nueva constitución, y para ello convoca elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal masculino directo (4 millones de votantes), que se celebran en febrero de 1869 y dan lugar a un parlamento dominado por progresistas, unionistas y demócratas, con importante presencia de republicanos. La constitución se aprueba en junio y establece la monarquía parlamentaria, plena soberanía nacional, importantes límites a la Corona, clara separación de poderes (el ejecutivo corresponde al rey y el gobierno, que están controlados por el legislativo, ejercido exclusivamente por Senado y Congreso, y el judicial a los jueces y jurados ciudadanos), además de sufragio universal masculino directo para mayores de 25 (para Congreso, ayuntamientos y diputaciones) y una amplia declaración de derechos individuales y colectivos (expresión, imprenta, asociación, habeas corpus, inviolabilidad del domicilio, culto).

Tras la aprobación de la Constitución de 1869 se forma un nuevo gobierno que organiza una regencia hasta que se designe un nuevo rey en 1870. El regente será Serrano y el presidente del gobierno, Prim. En esta fase el ministro Figuerola intentó sanear la hacienda (con nuevos consumos, vendiendo deuda pública y pidiendo nuevos créditos a la banca internacional) y favorecer el desarrollo económico según el modelo capitalista occidental (la peseta como única moneda nacional, simplificación y reducción de los aranceles, concesiones a compañías extranjeras para la explotación de minas con la Ley de minas de 1868), pero no se abordó ninguna reforma fiscal seria ni se resolvió el problema de la concentración de la tierra con las desamortizaciones. En Cuba la guerra continúa, pero cualquier posibilidad de pacto (defendida por Prim y Serrano) choca con la presión de los magnates del azúcar (plantadores y comerciantes azucareros); en 1869 se realiza una nueva quinta de 25 mil soldados. En el interior la oposición viene de varios frentes, especialmente de numerosas clases medias y de las clases trabajadoras, estas últimas azotadas por las quintas, el desigual reparto de la riqueza y la tierra, y una mayor organización del movimiento campesino y obrero (con la Federación Regional Española-FRE, rama española de la Asociación Internacional de Trabajadores o AIT); en consecuencia se producen entre 1869 y 1870 tanto movimientos republicanos federalistas (concretados, por ejemplo, en el Pacto Federal de Tortosa), motines urbanos, motines agrarios y ocupaciones de tierras especialmente en Andalucía, Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla, Cataluña y Levante. La respuesta del gobierno fue represiva y no se planteó ninguna solución.

La búsqueda del rey se resolvió después de que se plantearan y entraran en conflicto distintas posturas: los carlistas reclamaban, lógicamente, la rama de Carlos María Isidro (particularmente a Carlos VII, sobrino de Carlos Luis de Borbón); los moderados y algunos unionistas al hijo de Isabel II, Alfonso de Borbón (en quien abdica simbólicamente la antigua reina); el resto de unionistas al duque de Montpensier (sobrino de Isabel II) o bien a Enrique de Borbón (hermano de Francisco de Asís), y los progresistas a distintos candidatos con tal de que no fueran Borbones (Espartero, Fernando de Portugal o el aristócrata prusiano Leopoldo de Hohenzoller). Por lo demás, los republicanos lógicamente no querían ningún rey y el movimiento obrero y campesino se decantaba en favor del internacionalismo (unidad obrera en el mundo). El rey finalmente elegido (por Prim) fue el hijo del primer rey de la Italia unificada, Amadeo de Saboya, más comprometido, aparentemente, con el constitucionalismo. Las Cortes confirmaron esta designación por 2/3 a favor en diciembre de 1870.

La monarquía parlamentaria de Amadeo I constituye un breve periodo que acaba en fracaso para el rey y la propia monarquía en España. Comienza mal: Prim, principal apoyo de Amadeo, es asesinado poco antes de que éste llegue a España en enero de 1871, por lo que su recepción es totalmente fría. Además, se desarrolla en medio de una gran inestabilidad política: tres elecciones generales y seis gobiernos (Ruiz Zorrilla, Sagasta, Serrano) en dos años. Los problemas fundamentales son, en primer lugar, la feroz represión del movimiento obrero (por el miedo a un contagio revolucionario de la Comuna de París de marzo y mayo de 1871), persiguiendo a sus militantes, acusados de ser agentes extranjeros; en segundo lugar, las tensiones en torno a la separación de la Iglesia y el estado; en tercer lugar, el mantenimiento de la guerra en Cuba y la presión de los grupos azucareros (contra la posibilidad de abolir la esclavitud, cosa que sólo se acepta para Puerto Rico), y, en cuarto lugar, el estallido de la 3ª guerra carlista en el País Vasco y Cataluña desde 1872. En este difícil contexto Amadeo I renunciará al trono y, ante el vacío de poder (y el riesgo a un desbordamiento revolucionario), las Cortes (reunidas conjuntamente sus dos cámaras) aprueban por mayoría proclamar la primera república española en febrero de 1873 (258 votos a favor y 32 en contra).

La I República nace, por tanto, como consecuencia de una decisión pragmática y no de un acuerdo real entre diversas fuerzas y mucho menos de una defensa profunda del republicanismo. La apoyan, por motivos muy variados, los militantes del Partido Republicano (Castelar, Salmerón) y el Partido Republicano Federal (Pi i Maragall), así como una rama de los progresistas (Ruiz Zorrilla) y demócratas (Nicolás Rivero, Cristino Martos), en principio monárquicos; son parte de las clases medias y de las clases trabajadoras. Se oponen moderados (Cánovas), unionistas (Serrano) y los progresistas de Sagasta (aparte de los carlistas), que van a conspirar contra ella.

La República comienza con un gobierno interino, bajo la Constitución (monárquica) de 1869, dirigido por Figueras. Éste reprime violentamente los movimientos populares que toman la iniciativa para llevar a cabo lo que esperaban de la república: descentralización democrática,  justicia social y mejoras laborales (cuando no proyectos revolucionarios de tipo anarquista y socialista); esos movimientos suponen la formación de juntas locales y ocupaciones de tierras. Además, gestiona el aumento de la oposición dentro del ejéricto (como la intentona golpista de Serrano y Pavía de abril) por la supresión de las quintas y la formación de milicias (los “gorros colorados”), así como la Guerra de Cuba y la 3ª guerra carlista.

La República continúa con las elecciones a Cortes constituyentes en mayo por sufragio universal masculino para mayores de 21, en las que resulta vencedor el Partido Repubicano Federal (348 de 377 escaños del Congreso, con una abstención del 60%). Este cambio de gobierno lleva a la elaboración de una nueva Constitución en junio de 1873 que nunca llegará a aplicarse realmente, aunque sí en sus principios generales. Establecía a España como una república federal, dividida en 17 estados y territorios coloniales con gran autonomía (cada uno, por ejemplo, con una Constitución propia). La jefatura del estado correspondía a un presidente y las Cortes seguían dividida en dos, aunque el Senado dejaba de ser una cámara de representación de las élites para serlo de los territorios. Además, se separaba la Iglesia del estado (eliminando la contribución de culto y clero) y se incluía una ambiciosa declaración de derechos (prohibición trabajo infantil, jornada de 9 horas, tribunales mixtos para conflictos laborales…).

El gobierno, sin embargo, afronta una enorme inestabilidad, ante la que responde a menudo con represión. Los grandes conflictos estallan en verano. Por un lado, prosiguen las guerras carlista y cubana. Por otro, el movimiento obrero y campesino desata varias huelgas, como las de Barcelona, Sanlúcar y Alcoi. Finalmente, se desencadena un complejo movimiento que reivindica una autonomía regional y local máximas: el cantonalismo. Éste tiene distintos focos en Castilla y Andalucía, pero el principal está en Levante. No es un movimiento independentista, sino democrático radical con fuerte apoyo popular y, por tanto, objetivos sociales (supresión consumos y quintas, reparto de tierras, democracia directa). A estos conflictos se añadía la oposición de diferentes sectores de la política (conservadores), economía (empresarios), del ejército (oficiales) y la Iglesia. En este contexto Pi i Maragall abandona la presidencia y es elegido Salmerón a finales de julio. Éste defiende una república centralista e impulsa una política muy represiva, otorgando poderes especiales al ejército, que, en colaboración con la Guardia Civil y milicias de propietarios, van acabando con la revuelta obrera, campesina y cantonal. Aun así, acaba dimitiendo en septiembre tras negarse a aceptar la pena de muerte. Le sustituye entonces Castelar, que busca atraerse a la derecha profundizando en el autoritarismo (gobierno por decreto, censura y restricción libertades ciudadanas), hasta el punto de que cierra las Cortes hasta enero de 1874. Entonces, cuando se dispone a reabrirlas para normalizar la vida política, sufre un golpe de estado a manos de militares y guardias civiles (dirigidos por Pavía), que lleva a su definitiva disolución y dispersión de parlamentarios.

Con ello se abre un periodo de un año bajo un régimen teóricamente republicano, con Serrano como presidente, pero controlado por el poder militar y sin Cortes, que puede ser considerado una dictadura. El régimen se emplea en la represión del movimiento obrero y campesino y de los carlistas, mientras los monárquicos presionaban para acabar con la república (“círculos alfonsinos”). Ante la dificultad para estabilizar el régimen en diciembre de 1874 se produce un nuevo pronunciamiento dirigido por Martínez Campos que acaba por restaurar la monarquía.

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Clase 18

Bloque 3