12.3. Isabel II: el reinado efectivo (1843-1868)

El reinado efectivo de Isabel II se extiende a lo largo del núcleo del siglo XIX (1843-1868). Se divide en tres grandes etapas: la década moderada (1844-1854), el bienio progresista (1854-1856) y un nuevo periodo moderado (1856-1868).

El reinado se caracteriza globalmente por un régimen político conservador (o moderado), en el que se mantiene el pacto entre élites instaurado en el periodo de las regencias: los poderes tradicionales (Corona, nobleza y finalmente Iglesia) impulsan con la alta burguesía nuevas reformas que siguen reconociendo un poder muy fuerte a la monarquía y mantienen un régimen de libertades muy limitado. Este pacto supone el predominio de moderados de distinto signo (Narváez, O’Donnell) y de algunos progresistas (Espartero), que van a mantener un difícil equilibrio con la reina y su madre, María Cristina, dadas las capacidades que se le reconoce a la Corona para hacer y deshacer gobiernos (influidas a menudo por distintas personalidades de los negocios y la Iglesia). Quedan excluidos habitualmente del juego político (por ejemplo por el sufragio restringido durante toda la etapa) los sectores más radicales del progresismo, los demócratas, republicanos y el movimiento obrero y campesino, que representan a las clases medias y trabajadoras, lo cual será fuente de numerosos conflictos. Los carlistas serán excluidos también, en su mayoría, y por ello estallará la segunda guerra carlista. Por otro lado, arranca en este momento la débil industrialización en España y con ella la sociedad de clases.

El reinado efectivo comienza después de un periodo de transición entre la marcha de Espartero en julio de 1843 y el adelanto de la mayoría de edad de la reina, con trece años, en noviembre del mismo año. La insurrección de verano de 1843 que tumba a Espartero da lugar a la formación de un gobierno progresista dirigido por Joaquín María López, pronto debilitado por las divisiones de los progresistas y la presión de los moderados. Este gobierno decreta la mayoría de edad de Isabel II y se suceden, primero, un gobierno progresista de Olózaga (noviembre-diciembre de 1843) y, después, uno moderado de González Bravo (diciembre de 1843 a mayo de 1844). Éste afianza a los moderados en el poder (con la Ley de ayuntamientos de 1840, la disolución de las milicias y una salvaje represión contra los progresistas, en motines como el de Cartagena y Alicante), que se mantienen durante diez años, y por eso hablamos de la década moderada (1844-1854).

El primer gobierno importante de la década moderada fue el de Narváez (1844-1851). Su política se dirige fundamentalmente a afianzar el poder del estado liberal centralista. La medida principal fue la convocatoria a Cortes constituyentes y la aprobación de la Constitución de 1845, que será la pieza clave de todo el reinado efectivo. En ella se mantiene la “unidad católica de España”, la soberanía compartida entre Corona y Cortes, un poder ejecutivo fuerte (con derecho de la Corona a disolver las Cortes), la división bicameral del poder legislativo (en un Senado designado por la Corona entre las altas jerarquías de la Iglesia, el ejército, la nobleza y los funcionarios, y un Congreso elegido por sufragio restringido al 1% de la población) y los límites a los derechos ciudadanos (pensamiento, expresión, reunión, asociación e imprenta). El poder provincial (diputaciones) queda en manos de los gobernadores civiles, elegidos por el gobierno, y el local (municipios), en manos de alcaldes elegidos por éste o por el gobernador civil.

Por lo demás, en esta fase el duque de Ahumada se encarga de la creación de la Guardia Civil (1844), un cuerpo armado que sustituye a la Milicia Nacional, abarca todo el país (especialmente las zonas rurales) y se dedica a la defensa de la propiedad privada y la neutralización con métodos expeditivos de la protesta social, el bandolerismo y la delincuencia. Por otro lado, se frenan las desamortizaciones y se devuelven los bienes aún sin vender. Se reforma la hacienda (ley Mon-Santillán de 1845), simplificando y unificando los impuestos a toda la población y aumentando los impuestos indirectos sobre productos de primera necesidad (los “consumos”). Se implanta un nuevo Código Penal (1848) y una nueva y restrictiva Ley de imprenta, y se sientan las bases del Código Civil de finales de siglo. En estos años se produce también una cierta modernización de la economía: primeros ferrocarriles (Barcelona-Mataró 1848, Madrid-Aranjuez 1851); astilleros, minas y siderurgias en Andalucía, Asturias y País Vasco; mecanización de las industrias textiles catalanas, y aparición de la banca privada. Además, estalla una nueva guerra carlista cuando Isabel II renuncia a su matrimonio con el hijo de Carlos María Isidro (Carlos Luís de Borbón, conde de Montemolín) y se casa con su primo Francisco de Asís en 1846, cuando se produce un estallido en Cataluña y el Maestrazgo que acaba siendo sofocado en 1849 (guerra dels matiners). Finalmente, se restablecen las relaciones con la Iglesia católica, muy tensas desde 1812 y las reformas que recortaban sus privilegios (supresión Inquisición, conventos y órdenes monásticas, desamortizaciones): la Iglesia en su conjunto (con el Vaticano a la cabeza) pacta con el gobierno, en el Concordato de 1851, el reconocimiento del estado liberal (y de la propia reina, Isabel II) a cambio de la proclamación del catolicismo como religión única, el mantenimiento de las altas jerarquías en el Senado, el control total sobre la educación y el pago de la “contribución de culto y clero” por las tierras desamortizadas hasta entonces.

En 1848 se concentran una serie de problemas que debilitarán a Narváez hasta provocar su caída en 1851 y ser sustituido por una serie de gobiernos (Bravo Murillo y Sartorius) que harán perder el gobierno a los moderados y poner fin a esta etapa en 1854. Entre 1848 y 1854 se suceden numerosas protestas por la corrupción, las intrigas palaciegas, la represión política y la difícil situación económica de las clases trabajadoras; se ven alimentadas por un movimiento democrático y obrero generalizado en Europa. Esta oposición se organiza en nuevos grupos políticos, como el Partido demócrata (creado en 1849 y favorable a un liberalismo más radical: sufragio universal masculino, Cortes unicamerales, libertad religiosa y de asociación, regulación estatal de las relaciones laborales, educación pública) y grupos minoritarios de republicanos y socialistas. Las protestas llegan a su punto álgido en 1854, cuando comienza la segunda etapa del reinado.

El bienio progresista arranca en verano de 1854. Por un lado, los militares O’Donnel (moderado) y Serrano (progresista) lideran un pronunciamiento contra el gobierno de Sartorius en Vicálvaro (la “Vicalvarada”) y, por otro, distintas fuerzas políticas (moderados desencantados, progresistas, demócratas y radicales) desencadenan un motín urbano en Madrid. El primero será sofocado, pero el segundo amenaza con desencadenar una auténtica revolución cuando se asaltan los palacios de María Cristina, Sartorius y el Marqués de Salamanca (poder político y económico). Entonces se produce un nuevo gran pacto para frenar la revolución y satisfacer a los desencantados: la reina acepta la vuelta de Espartero y éste pacta con los sectores de izquierda del moderantismo: O’Donnell y Cánovas del Castillo. Juntos impulsan una política reformista, que se plasma en el Manifiesto de Manzanares (julio de 1854), escrito por estos dos últimos y que defiende un régimen representativo, la descentralización administrativa, la persecución de la corrupción, la ampliación libertades, el restablecimiento Milicia Nacional y la reducción de impuestos.

Durante esta etapa de dos años se tomaron cuatro grandes medidas. Primeramente, se retoman las desamortizaciones, incluyendo ahora terrenos no eclesiásticos (comunales y del estado -municipales), con la Ley de desamortización general de 1855 impulsada por Madoz. En segundo lugar, se impulsaron nuevas construcciones de líneas férreas con la Ley de ferrocarriles (1855). En tercer lugar, se potencia la actividad financiera con la Ley de sociedades bancarias y crediticias (1856). Finalmente, se elabora una nueva Constitución en 1856 que no llega a aprobarse por el cambio de gobierno que conduce a la siguiente y última etapa, por lo que se denomina Constitución non nata (no nacida); reconocía la soberanía nacional, mantenía las Cortes bicamerales, restauraba la elección de ayuntamientos mediante sufragio universal masculino directo y la Milicia Nacional, e incluía una amplia declaración de libertades individuales (como la religiosa).

Estas medidas no relajaron la protesta social, especialmente de las clases trabajadoras, que protagonizan importantes levantamientos en primavera de 1856, fundamentalmente por la falta de medidas contra la explotación laboral y la subida de precios de los productos agrarios (especialmente el pan). Los moderados y algunos progresistas de derechas se sienten amenazados por las medidas del gobierno y por la falta de control de la agitación social. Por ello, impulsarán un nuevo cambio de gobierno que expulsa a Espartero y coloca a O’Donnell a su cabeza.

Con ello se produce la vuelta al moderantismo (1856-1868). O’Donnell va a aglutinar a los grupos de izquierda de los moderados y de derecha de los progresistas, en un partido de centro que se denomina significativamente la Unión Liberal, con el fin de impulsar una política pragmática de orden público, respeto a las leyes y confianza empresarial. Sin embargo, se alternará en el poder con Narváez cuando pierda apoyos y la reina lo considere. Los progresistas, como los demócratas, quedarán excluidos del gobierno y las Cortes, y una parte se decantará por la vía insurreccional, aprovechándose del descontento de las clases populares, hasta conseguir derrocar a la reina en 1868.

Este primer gobierno de O’Donnel (julio-septiembre de 1856) se ve interrumpido por un cambio en favor de Narváez durante algo más de un año (1856-1857), que suprime libertades ciudadanas y desamortizaciones, e implanta consumos, una importante reforma educativa (con la Ley Moyano) y nuevas obras públicas. Le sigue O’Donnel con un gobierno durante cinco años (el “gobierno largo” de 1858 a 1863). Entierra definitivamente la Constitución non nata y disuelve la Milicia Nacional, pero retoma las desamortizaciones. Esta fase ofrece cierta estabilidad y es aprovechada para un nuevo impulso económico (ferrocarriles, telégrafos, canal de Isabel II, ensanches en Madrid y Barcelona, explotaciones mineras y siderúrgicas), aunque tiene numerosos límites (falta de transformaciones en la agricultura, acaparamiento de la propiedad en manos de terratenientes, falta de inversión interna, predominio de capital extranjero, rentismo, motivación especulativa, deuda del estado). Por otro lado, se impulsan una serie de campañas militares en el exterior (en la línea de las de las potencias imperialistas del momento), que perjudicarán aún más a la economía; se trata de las “guerras de prestigio” en Marruecos, México, Santo Domingo, Indochina y las costas de Perú y Chile, de escaso éxito (salvo en Marruecos).

Desde 1863 se alternarán en periodos cortos Narváez y O’Donnel hasta la muerte de éste en 1867 y de aquél en 1868. La situación desde 1864 se complica enormemente por numerosos problemas y por la incapacidad de los gobiernos para hacerles frente, hasta que la revolución de La Gloriosa (o septembrina) derroque a la reina. En primer lugar, se desata en toda Europa una crisis económica (bursátil y de sobreproducción), que hará caer las inversiones extranjeras en España y las exportaciones; a ello se suman las malas cosechas, la inflación, los consumos… Y, en segundo lugar, se agravan los escándalos de la Corte (apoyo de Isabel II al Papa contra la unificación de Italia, favoritismos y corrupción). En consecuencia crece enormemente la agitación política desde distintos sectores, especialmente en 1865 y 1866: motines populares, manifestaciones (por la destitución del rector de la Universidad de Madrid, Juan Manuel Montalbán, y el profesor Emilio Castelar) y alzamientos militares (como el del cuartel de San Gil, en Madrid). La respuesta de los gobiernos es torpe y represiva (tiroteos de la Noche de San Daniel, ejecución militares del cuartel de San Gil, exilios a Canarias y el extranjero…). Por otro lado, se forma un gran pacto entre distintos sectores del liberalismo (unionistas, progresistas y demócratas), el Pacto de Ostende, que aboga por un cambio de régimen. Estas fuerzas, apoyadas por un importante movimiento popular, organizan a comienzos de septiembre de 1868 el desembarco en Cádiz de tropas provenientes del exilio, bajo el mando de Prim y Topete, y acaban derrotando a las de Isabel II en la batalla del puente de Alcolea (Córdoba) el 28 de septiembre. Como consecuencia de ello, Isabel II abandona el trono, se exilia en Francia (bajo la protección de Napoleón III) y comienza el llamado Sexenio revolucionario (1868-1874).

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