11.2. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Las Cortes de Cádiz son una institución formada y desarrollada a lo largo de la guerra de la independencia contra los franceses a principios del siglo XIX. Específicamente comienzan a funcionar en 1810 y son suprimidas en 1814. Forman parte de la España de los llamados “patriotas”, los que se oponen a la presencia francesa y defienden a Fernando VII en el trono. En ellas se van a combinar los distintos modelos de organizar el país planteados con la “crisis de 1808”: los partidarios del Antiguo Régimen a ultranza, los reformistas y los liberales.

Portada de la primera edición de la Constitución de 1812

Portada de la primera edición de la Constitución de 1812

El origen de las Cortes está en la reivindicación de un sector de esa España antibonapartista, que reclama la convocatoria de esta institución tradicional para poner de acuerdo a los representantes de la población. El contexto es el vacío de poder creado por la crisis institucional de la monarquía de Carlos IV y por el estallido de la guerra de independencia. Fernando VII había salido, con la familia real, hacia Bayona en abril de 1808 y dejaba una Junta de gobierno, asesorada por el tradicional Consejo de Castilla. Sin embargo, ni la Junta ni el Consejo tomaban decisiones firmes para combatir a los franceses y gobernar. Por eso, se crean las juntas en distintas ciudades, bajo la iniciativa de burgueses y algunos nobles y clérigos: al principio para combatir a los franceses pero poco después también para gobernar el país. Pronto se suma a ellas una Junta suprema central, en la que se reúnen distintas personalidades que pretenden gobernar al margen del régimen de José I. El lugar de su celebración de esta Junta suprema va cambiando en función de la guerra, hasta que en 1810 acaba en Cádiz, sin conquistar por los franceses. Desde ella algunos van a plantear la convocatoria de unas cortes. Se forma una Comisión de Cortes y éstas se celebran finalmente en septiembre de 1810, aunque algunos sectores partidarios del Antiguo Régimen intentan impedirlo creando una Junta de regencia para disolver la Junta central y frenar la convocatoria.

Los representantes de los distintos territorios van llegando, aunque con dificultad (por la guerra), y de hecho algunos no lo consiguen; éstos serán sustituidos por algunas personalidades de Cádiz y sus entornos, admitidas simplemente por ser “ciudadanos”. Los distintos participantes en las Cortes se distribuían en tres grandes grupos políticos: los defensores del Antiguo Régimen (privilegios estamentales, gremios, Inquisición, monarquía absoluta…), los reformistas (despotismo ilustrado) y los liberales (supresión privilegios estamentales y derechos señoriales, liberalismo económico…). En cada grupo había hombres de todos los estamentos: privilegiados y no privilegiados. Sin embargo, predominaron los liberales procedentes del tercer estado (principalmente burgueses), entre otros casos porque hay mayoría de diputados procedentes de Cádiz, ciudad tradicionalmente comercial y, por tanto, inclinada hacia el liberalismo.

Este predominio de la burguesía liberal dio un nuevo significado a esta institución tradicional, como había sucedido en Francia al convertir los Estados generales (nombre que recibían allí las cortes) en Asamblea Nacional desde julio de 1789. También en España las Cortes pasaron de ser una cámara de representantes del reino y sus estamentos a convertirse en una cámara de representantes de la nación y sus ciudadanos. La mayoría de los diputados se presentaron como legítimos representantes de la nación ante los invasores franceses y ante instituciones caducas e ineficaces como el Consejo de Castilla y la Junta de regencia.

Las Cortes comenzaron su trabajo en septiembre de 1810. Como consecuencia de su nuevo planteamiento, se dedican a legislar, es decir, a discutir y aprobar leyes. La más importante de ellas fue una constitución, es decir, un documento o ley fundamental que incluyera una serie de derechos y deberes de obligado cumplimiento para toda la población, es decir, para la “ciudadanía” (entendida como conjunto de individuos iguales ante la ley y no como súbditos diferenciados en función de su nacimiento/estamento); seguían el modelo de EEUU (recientemente creados) y de Francia.

La Constitución se aprobó el día de San José (19 de marzo) de 1812, y por ello fue apodada “la Pepa”. Ésta, como el resto de medidas de las Cortes hasta 1814, se inspiraban en tres grandes principios o aspectos, muchos de ellos heredados de los filósofos ilustrados (Rousseau, Montesquieu…). En primer lugar defendía la soberanía nacional. Este concepto establecía que el poder corresponde a la nación (y no al rey, o por lo menos no sólo al rey); además la nación elige a sus representantes para que ejerzan el poder en su nombre. En segundo lugar, la Constitución giraba en torno al principio de la igualdad ante la ley: todos los ciudadanos estaban obligados a cumplir la ley y a disfrutar de una serie de derechos, independientemente de su origen social. Finalmente, la Pepa estaba animada por el reformismo, es decir, un espíritu de reforma para acabar con el Antiguo Régimen: derechos del individuo (expresión e imprenta), abolición régimen señorial, desamortizaciones, reforma fiscal, libertad de comercio e industria…

Salvador Viniegra (1912): La promulgación de la Constitución de 1812. Museo de las Cortes de Cádiz

Salvador Viniegra (1912): La promulgación de la Constitución de 1812. Museo de las Cortes de Cádiz

La Constitución de 1812 consta de 384 artículos. En primer lugar, establece que la soberanía reside exclusivamente en la nación, entendida como unión de todos los españoles (incluida América). En segundo lugar, defiende una separación de poderes clara: el ejecutivo para el rey, el legislativo para las Cortes y el rey, y el judicial para los tribunales de justicia. Esto suponía que el rey podía vetar decisiones de las Cortes, aunque no podía disolverlas, abdicar, tomar decisiones sobre política exterior… En tercer lugar, reconoce el derecho a voto (para elegir a los legisladores de las Cortes) a todos los hombres varones mayores de 25 años, aunque los candidatos a Cortes sólo podían ser individuos con rentas altas (“sufragio universal masculino indirecto”). En cuarto lugar, aprueba una serie de derechos fundamentales, como la libertad de expresión e imprenta. En quinto lugar, establecía un sistema fiscal sin exenciones. En sexto lugar, proclama el catolicismo como religión oficial. Y, finalmente, crea un ejército permanente y una milicia nacional para asistirle, con un sistema de reclutamiento y de ascensos igualitario. Por lo demás, reconoce a Fernando VII como rey legítimo, aunque establece una Regencia a la espera de su “liberación”.

El régimen constitucional y la propia Constitución fueron suprimidos poco después del final de la guerra de la independencia por el el rey Fernando VII restablecido en el trono. Sin embargo, quedó como referente de luchas liberales posteriores y muchos de sus aspectos fueron recogidos a lo largo del XIX para configurar el Estado liberal, que acabó implantándose a pesar de las resistencias de los defensores del Antiguo Régimen.

"La Fuentecilla", en la calle Arganzuela (Madrid)

“La Fuentecilla”, en la calle Arganzuela (Madrid) (Obra de Alfonso Rodríguez, con esculturas de Francisco Meana) (Foto: http://www.entredosamores.es/)

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Clase 18

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