Derechos humanos y neoliberalismo

El campo de los derechos humanos es inmenso. El gran hito con el que se abre tal y como lo conocemos y practicamos hoy en día es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Resolución 217 A (III). Este documento, referencia de toda la jurisprudencia posterior sobre derechos inalienables en todo el planeta para personas y grupos humanos, nace del contexto posterior a la II Guerra Mundial. Sin embargo, el despliegue de las luchas por los derechos humanos ha ido cambiando enormemente, a tenor de nuevas coyunturas y, desgraciadamente, nuevas violaciones. Hay múltiples acepciones de los derechos humanos, así como numerosos usos y prácticas en torno a ellos.

En la República Argentina actual, la coalición gobernante aprobó el año pasado un plan de defensa de los derechos humanos, conocido como Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020. El planteamiento de fondo de este gobierno, más allá de la tremenda variedad de los distintos grupos que integran la coalición (desde Propuesta Republicana-PRO hasta la Unión Cívica Radical-UCR, pasando por distintas agrupaciones socialdemócratas, como el Partido Demócrata Progresista-PDP), suele considerarse “neoliberal”. Nuestro objetivo hoy aquí es rastrear qué rasgos de esta propuesta sobre defensa de los derechos humanos pueden justificar, en su totalidad o sólo en parte, el uso de esa etiqueta.

 

 

De acuerdo con trabajos señeros como el de Christian Laval y Pierre Dardot (2015), el neoliberalismo supone un conjunto de postulados económicos que se van definiendo a lo largo del tiempo, desde sus primeros momentos, allá por el Coloquio Walter Lippmann celebrado en París en 1938, hasta la actualidad; son doctrinas de tipo liberal pero distintas del liberalismo económico clásico. El neoliberalismo no responde a un corpus homogéneo ni predeterminado; se fue configurando como “estrategia sin sujeto”, como “catalizador” para amalgamar a diferentes grupos a lo largo del tiempo (sobre todo los años 70). De hecho, presenta dos grandes corrientes: la ordoliberal (desarrollada especialmente en la República Federal Alemana) y la austro-norteamericana.

Más allá de esta cuestión, sin embargo, es cierto que ha acabado constituyéndose como un modelo estructurado en torno a determinados consensos que inspiran numerosas políticas, tanto en el sector privado como en el de las políticas estatales (“públicas”). Y lo importante en este sentido es que el modelo no se limita a las cuestiones económicas estrictamente, sino que permea y afecta a muchas otras (ya sea por las alusiones explícitas que realiza respecto a otros campos, como la sociedad y la cultura, o por la influencia que en términos generales ejerce la esfera económica o material sobre el resto de la realidad); las doctrinas neoliberales son la forma de racionalidad hegemónica en el capitalismo contemporáneo.

Esto se deriva de la generalización del principio de la competencia, como lógica propia de la empresa y el mercado, a todas las esferas de la vida. La competencia entraña el tipo de relación fundamental al que debe aspirar cualquier persona, grupo, empresa productiva, corporación…, e incluso el propio estado. Representa una lucha por sobrevivir y progresar (léase lograr beneficios) entre los agentes económicos, sociales y políticos desde sus capacidades, posibilidades y límites. El objetivo, pues, no ya sólo en las relaciones económicas, sino en general, en la vida, en la familia, en el vecindario, en la escuela, en el sexo, en la formación, en la cultura…, es la competencia. Ésta se convierte en el valor supremo y, por ello, exige un modo genérico de conducirse, de gobernarse y de gobernar: la llamada gobernanza. Esto es crucial: no se trata únicamente de una política sobre ciertos aspectos de la vida, sino un planteamiento global de dirigirse en la vida. Es un gobierno sobre todas las cosas, y especialmente sobre los sujetos; Michel Foucault, que será uno de los primeros teóricos que se proponga desentrañar la arquitectura social del neoliberalismo, habla de la “gubernamentalidad” como “gobierno de los sujetos”.

Y es que la manera de entendernos y comportarnos cambia: cada uno (esa persona, grupo, empresa, corporación y el propio estado) es una empresa de sí mismo.  Su aspiración suprema es la “maximización” a través de la competencia o, en otras formulaciones, la “minimización” de los riesgos inherentes a la Modernidad tardía en la que vivimos a través de la “toma de decisiones”. Somos empresas en el mercado. Y con ello la subjetividad se reorienta para que el deseo de uno sea en verdad el deseo del otro, cosa que supone el colmo de la alienación; Laval y Dardot (2015: 361-2) hablan al respecto de ultrasubjetivación. Nace, entonces, un nuevo sujeto (o neosujeto) que vive para competir con el otro y que se gobierna constantemente para “autorregularse” y cumplir con la ley del mercado. La relación laboral, por ejemplo, ya no se entiende como relación contractual, como en el capitalismo clásico; no se encuentran dos hombres libres (uno propietario de medios de producción y el otro de su fuerza de trabajo), sino dos empresas o, más bien, “emprendedores” (dos entes provistos de distintas formas de capital) que se juntan (o se separan…) para progresar. Se espera que los trabajadores, todos, interioricen las exigencias de rentabilidad financiera; en esto reside una de las técnicas fundamentales de gubernamentalidad, el “autodisciplinamiento” del nuevo management, junto con diversos sistemas de control y evaluación, de recompensas y puniciones, de incentivación y desincentivación.

En un plano mucho más amplio, el estado es una empresa más; ante el “exceso de democracia” en numerosos países del llamado Primer Mundo (y no sólo) tras la II Guerra Mundial, y la concomitante “desmoralización” de la población, que se sume en la dependencia cuando no en el aprovechamiento egoísta, codicioso y holgazán, se reclama un cambio de paradigma: del estado “providencia” se pasa al estado empresa. Éste no sólo garantiza el mantenimiento de un marco fundamental de funcionamiento en torno a la competencia, sino que ofrece productos esenciales, como la información (a través de la “transparencia”), para que la población pueda desenvolverse en el gran mercado (tanto económico en sentido clásico, como educativo, sanitario, cultural…). Así, el ciudadano se “responsabiliza” de sí mismo y no delega en el estado lo que él mismo puede y debe hacer. Tan sólo se ve ayudado en su camino hacia la competencia, en su desempeño como empresa de sí. De este modo, se libera: es “libre para elegir” dónde y cómo actuar, con quién hacerlo y hasta dónde. En este nuevo marco, el estado no es más que una pieza, y el individuo ha logrado, al fin, después de una larga carrera histórica, realizarse plenamente: no es súbdito de la corona, ni ciudadano de un país, ni patriota de una nación, sino “sujeto”, hombre (y mujer) del mundo; es cosmopolita.

Para terminar esta caracterización, no debe perderse de vista el carácter global del que partíamos. Aunque el neoliberalismo se articule especialmente en torno a este nuevo sujeto, al individualismo, es importante entender que su desempeño no es para sí mismo sólo, ni siquiera fundamentalmente: el individuo es “el mejor integrador de la complejidad y el mejor actor de la incertidumbre”, y por ello, como “microcosmos”, busca armonizarse con el mundo de la empresa y el “macrocosmos del mercado mundial”, contribuyendo a un “orden cosmológico” (por más arriesgado e incierto que sea el vínculo con él), como señalan Laval y Dardot (2015: 347-8). El neoliberalismo supone, por tanto, una “nueva ética”, nuevos modelos a imitar, actitudes, formas de ser… que nos conciernen (o deben concernir) a todos. Por otro lado, es relevante subrayar que la representación de esta sociedad también ha cambiado: ahora es (o se nos presenta como) un conglomerado de inviduos que compiten entre sí para sortear, con sus recursos, los riesgos; el reparto jerárquico de posiciones y recursos viene marcado por su habilidad individual en esa lucha y en las “decisiones” que entraña, o sea, una nueva meritocracia.

Muchas de estas propuestas no son elaboraciones mías ni de los autores citados. Pueden encontrarse en los trabajos de sociólogos y políticos, y no precisamente “de derechas”, sino de las corrientes “progresistas” (no se puede decir ya más “de izquierdas”). En una nómina inicial, desde luego, no pueden faltar ni Anthony Giddens, ni Urlich Beck, ni Anthony Blair y Gerard Schröder (éstos últimos son autores -al menos formalmente- del panfleto The Third Way/Die neue Mitte, publicado y difundido en 1999, carta fundante de la “nueva izquierda”). Y además tienen múltiples correlatos y tratamientos específicos en otros campos (psicología, relaciones laborales, vínculos sociales…). Pero esto no importa ahora, porque lo que queremos discutir es qué puede tener de neoliberal el Plan de derechos humanos citado.

En primer lugar, el Plan de Acción en Derechos Humanos 2017-2020, del gobierno de Cambiemos, incorpora una serie de elementos que denotan un consenso social respecto de ciertos temas y categorías, y que no se vincula específicamente con las doctrinas neoliberales. El tema estrella es, sin ir más lejos, el de los derechos humanos. Es un tema que se coloca en el centro del debate político en el mismo contexto de la última dictadura militar (1976-1983), responsable de uno de los procesos más graves de violencia política del siglo XX y del ejercicio de ingeniería social más determinante de la historia argentina. Ya entonces, y a raíz de esos procesos, los derechos humanos comienzan a desplazar otros temas, como la revolución social y la lucha por la justicia social (enarbolados repetidamente en el núcleo del siglo XX), tanto entre los movimientos políticos como en el mundo académico, de América Latina y más allá. Como parte de ello, las identidades de las víctimas de la violencia política no se dirimen en términos político-idelógicos, sino que se remiten a cuestiones de edad, sexo, origen nacional y grupo profesional, como ilustra el célebre informe Nunca Más, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina (ver Crenzel 2008: 109-112). Globalmente, el encuadre de la violencia política en la trama de los derechos humanos constituye una “verdadera revolución paradigmática”, por ejemplo en el campo de las Ciencias Sociales (Jelin 2004: 94). Y su influencia y realimentación se mantendrán por muchos años, atravesando coyunturas muy distintas, hasta hoy.

Por eso, en gran parte, lo que hace este gobierno es culminar una labor que arrancó hace tiempo, cuando en 1993 el gobierno de Carlos Saúl Menem firma la declaración de la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. A ello se suma todo el trabajo (lo que, todo hay que decirlo, algunos calificarán despectivamente como “curro”) durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Reconocuendo la importancia que adquirió precisamente en esta última fase el tema de los derechos humanos como “política de estado”, el Plan arranca con esta misma expresión (p. 7); de hecho, se considera este tema como “el núcleo ético de una democracia avanzada”, el “sello distintivo de las políticas públicas de una Argentina democrática” (p. 20).

La presencia de determinadas categorías manifestaría igualmente un consenso social que ni por asomo existe en otros lugares, como España. Entre ellas figuran las siguientes: LGTBIQ (en el Eje 1.3. Diversidad sexual, p. 33 y ss.), afrodescendencia (en el Eje 1.9. Diversidad y Pluralismo cultural, p. 43), ocupación de tierras (“actual, tradicional y pública”) (junto con el derecho a la posesión y propiedad comunitaria) (en el Eje 1.12. Pueblos indígenas, p. 47), derecho a la identidad (en el Eje 1.8. Derecho a la identidad, p. 42), violencia institucional (Eje 2.2. Violencia institucional, p. 51), violencia obstétrica (Eje 2.3. Integridad personal, p. 53), tríada (modificada) de verdad, memoria y justicia (Eje 3), terrorismo de estado (Eje 3.1. Memoria, p. 61), juicios de lesa humanidad (Eje 3.3. Justicia, p. 64) y centros clandestinos de detención ( Eje 3.3. Justicia, p. 64).

Sin embargo, en segundo lugar, y por no alejarnos de las categorías, el Plan recoge múltiples expresiones que se ligan claramente con el planteamiento neoliberal, en la medida en que trasladan al campo social y político (en el que se enmarcarían los derechos humanos) términos propios de la economía (y especialmente del intercambio mercantil): puesta en valor de los sitios de memoria (Eje 3.1. Memoria, p. 60), empleabilidad (en el Eje 4.3. Acceso al trabajo, empleo y seguridad social, p. 74), sinergia entre “Estado, sector privado y sociedad civil” (Eje 5, p. 87), eficiencia y optimización (Eje 5, p. 87), consecución de medidas concretas como respuesta a necesidad específicas o técnicas (Eje 4. Acceso universal a derechos, p. 66, por ej.), emprendimiento (Eje 4.9. Derecho al desarrollo inclusivo y sustentable, p. 83). En el mismo sentido debe entenderse el uso de neurociencia (en el Eje 2.2. Violencia institucional, p. 52), ya que se corresponde con el paradigma de moda en los círculos académicos vinculados con las doctrinas neoliberales.

Pero más importante que todo esto es, en tercer lugar, la noción de derechos humanos que vertebra el Plan. Esta noción pivota en torno a dos cuestiones principales. Por un lado, quienes detentan los derechos son “los sujetos”, individuos “titulares de derechos” (p. 15). Estos son caracterizados fundamentalmente como “sujetos excluidos”; ahora veremos en función de qué. Pero el caso es que, salvo en raras ocasiones, la apelación recurrente es a los individuos y no a los grupos sociales: “Las políticas orientadas hacia la inclusión social (…) deben garantizar respuestas específicas a necesidades particulares, de manera de avanzar hacia la garantía de todos los derechos para todas las personas” (p. 66). Esto, en verdad, no casa sólo con el neoliberalismo, sino con toda la tradición liberal, que desde su origen en los textos de John Locke, por ejemplo, se yergue sobre el individualismo. Habría que discutir en otra ocasión qué alcance tiene, en relación con los postulados neoliberales, la naturaleza que se le asigna al reconocimiento y ejercicio de estos derechos, dado que el texto se refiere a “sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas” por parte del estado, no a recibir asistencia. ¿Podemos ver en ello una “responsabilización” del sujeto/empresa de sí, en el sentido en que lo comentábamos previamente?

Por otro lado, la garantía y defensa de los derechos humanos pasan principalmente por el “reconocimiento” de la diversidad de esos sujetos. Con ello, se entiende que se mitiga la discriminación y la desigualdad. Sin embargo, todas estas realidades (diversidad, discriminación, desigualdad) se definen en función de criterios vinculados con las creencias, género, sexualidad, cultura, origen; la defensa de los derechos humanos debe cuidar especialmente, según el texto, a “los grupos más vulnerables y las personas con enfoques y realidades culturales diferentes” (p. 5; las cursivas son mías. Nótese, más allá de esto, el tratamiento peculiar dado a “grupos” y “personas”). Otro tipo de criterios a la hora de definir la diversidad y especialmente la desigualdad, fundamentalmente el económico y político, quedan fuera (o en un plano secundario respecto) de la consideración de los redactores, al menos en la mayor parte de alusiones: “Las políticas orientadas hacia la inclusión social no se reducen solamente a políticas económicas o de ingresos (…)” (p. 66). El “programa de educación en derechos humanos” propuesto en el Eje 5.1. (Cultura cívica en Derechos Humanos) incluye “las prespectivas de género, diversidad, interculturalidad, integración, sostenibilidad” (p. 88), sin mención a otras “perspectivas”. Hay en ello, en definitiva, una despolitización de las situaciones que dan lugar a la vulneración de los derechos humanos.

Y, globalmente, como decíamos al principio de este punto, parece que la intervención de la “política de estado” está principalmente en el reconocimiento, y no tanto en la redistribución y representación, esto es, en las otras dos “erres” del modelo de Nancy Fraser en pos de la justicia social (ver p.ej. Iglesias 2012). Estos elementos faltantes se refieren a los conflictos en torno a la producción y distribución de la riqueza y a la participación ciudadana en el poder, y su desconsideración frustra, por tanto, una elaboración de los derechos humanos en clave de justicia social.

Pero, sea como sea, el caso es que esta noción del “sujeto” como centro de la actuación en materia de derechos humanos podría ligarse con algunos de los apuntes que realizábamos más arriba sobre el neoliberalismo. El del Plan no sólo es un sujeto individualizado sino que, coherentemente con ello, se encuentra desvinculado de la totalidad de las tramas de relaciones antagónicas que contribuyen a su colocación en una situación de vulnerabilidad (real o potencial), y especialmente de las que afectan a las condiciones materiales de existencia, a menudo ligadas también a cuestiones culturales (como en el caso de los pueblos originarios), pero no siempre (o no siempre de un modo explícito, como en el caso de los descendientes de esos pueblos que han perdido -o a los que se les ha expoliado- su identidad indígena o mestiza en los contextos de éxodo rural y que viven expuestos cotidianamente a situaciones de violencia institucional y social en los cinturones de las grandes urbes argentinas). Esta desvinculación es la que alimenta elaboraciones como las representaciones de la sociedad a las que nos referíamos: un agregado de individuos (o, a lo sumo, grupos considerados sólo en cuanto a esos rasgos subjetivos) cuyas relaciones y posiciones se dirimen con múltiples cuestiones, pero desde luego no con las materiales.

También la cuestión del “reconocimiento” del sujeto y su especificidad conecta con la forma de política característica de la era neoliberal (Mouffe 2005), en la que la actividad fundamental es el encuentro de los individuos o sus representantes, definidos no ya de acuerdo con la clase social, el partido, la nacionalidad o el sindicato, sino con sus formas de subjetividad, para que manifiesten sus voces y, en su síntesis consensual, puedan “tomar decisiones libremente” (la “política desde abajo” o “subpolítica” de Giddens y Beck). De igual modo, la vinculación de la defensa de los derechos de este sujeto con las “sinergias” entre estado, empresas y sociedad civil (p. 87) se conecta explícitamente con los “partnerships” del neoliberalismo, base de la “gobernanza” que sustituye a la “soberanía” de la Modernidad clásica (p.ej. Mouffe 2005: 58, 103-4, 105).

Como correlato de esto, el Plan también presenta los derechos humanos deshistorizados. Es muy llamativo que el Eje 3 (“Memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias”), pese a constituir una “prioridad indiscutible” (p. 5), sea el de menor extensión (tanto en cuanto al número de páginas como al de párrafos de la introducción a cada eje) (ver tabla). Y que las violaciones a los derechos humanos (y las reparaciones concomitantes) que contempla no se vinculen con las violaciones del presente (tratadas, en cuanto a su prevención, en los Ejes 1 y 2), ni éstas con aquéllos; de hecho, como veíamos, en el proyecto educativo (que, se nos dice en p. 7, entraña la “plataforma de lanzamiento de todo ese esquema de consensos civilizatorios”) no se incluye ninguna alusión a la, por desgracia, nutrida historia de violaciones de los derechos humanos. Además, cuando se habla de los abusos cometidos contra las poblaciones originarias (p. 66), desde luego no se hace en este Eje 3.

Para terminar, se puede añadir que el presupuesto de 2017 en materia de derechos humanos se redujo entre un 12 y un 15% (607 frente a 717 mill. de pesos) respecto de años anteriores (La Nación, 29 de octubre de 2016; La Izquierda Diario, 24 de octubre de 2016). No hay nada más elocuente del vínculo de la política de derechos humanos con el neoliberalismo que el recorte presupuestario con que se ha abordado este tema…

Se podrían considerar otros muchos otros aspectos del Plan. Pero para lo que queríamos discutir es suficiente lo que hemos señalado hasta aquí. Creemos que, en efecto, el Plan representa una concepción particular de los derechos humanos que puede considerarse de tipo neoliberal. El “carácter transversal” que el gobierno actual atribuye a esta “política de estado”, plasmado en comisiones interministeriales para velar por el cumplimiento de sus contenidos pero también en el propio diseño del Plan, en el que participaron distintas entidades nacionales y provinciales, garantiza un trasvase de los postulados de ciertas áreas a ésta (además de que el propio planteamiento de fondo del gobierno está, lógicamente, presente en cada una de sus políticas sectoriales). Otra cuestión, que queda para otro momento, es el debate sobre la propia centralidad de los derechos humanos en el debate sobre la acción política, que, junto con otros temas y categorías, como el de la democracia y democratización, desplazaron otros ideales, ya antes de toda esta ola neoliberal que vivimos.

***

Referencias:

Crenzel, Emilio (2008): La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI. 271 pags.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Organización de las Naciones Unidas. Última consulta julio de 2018. URL: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/. Descargar aquí

Iglesias, Clara (2012): “Justicia como redistribución, reconocimiento y representación: las reconciliaciones de Nancy Fraser”, Investigaciones Feministas (Madrid), 3: 251-69

Jelin, Elizabeth (2004): “Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales”, Estudios Sociales, n° 27, año XIV, 2° semestre 2004, pp. 91-113

Laval, Christian y Pierre Dardot (2015 [2010]): La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona: Gedisa. 427 pags. Traducción de Alfonso Diez.

Mouffe, Chantal (2005): On the political. Londres: Routledge. 144 pags.

Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2017-2020. Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, República de Argentina), 12 de diciembre de 2017. 103 pags. Ver https://www.argentina.gob.ar/plan-nacional-de-accion-en-derechos-humanos (última consulta julio de 2018). Descargar aquí

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